Difundir imágenes o audios de terceras personas sin su consentimiento o crear un grupo de WhatsApp profesional sin tener autorización son algunas de las conductas que puede sancionar la Ley de Protección de Datos.
¿Reenvías pantallazos a otros contactos tras una conversación?¿Incluyes a personas en un grupo de WhatsApp sin permiso previo? Si la respuesta a algunas de estas preguntas es afirmativa, podrías estar cometiendo un delito. ¿Por qué? La Ley de Protección de Datos también se aplica a esta red de mensajería y las infracciones podrían ser denunciadas por otros usuarios.
Eduard Blasi, profesor colaborador de los Estudios de Derecho y Ciencia Política de la UOC y experto en protección de datos, señala cuatro de estos comportamientos y detalla exactamente en qué consisten y cuándo se está incurriendo en un delito o una infracción.
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Si bien la normativa de esta ley no afecta al contexto personal o doméstico, sí que se aplica cuando se difunden datos a través de internet, ya sea de forma abierta o a un elevado número de destinatarios. Hay que tener en cuenta que en las capturas de pantalla se visualizan conversaciones que pueden identificar directa o indirectamente a una persona, lo que podría conllevar una infracción en materia de protección de datos.
La ley en este ámbito se aplica no solamente a los datos identificados (como el nombre y los apellidos, el DNI o el número de teléfono), sino también a los datos identificables, es decir, a aquellos que permiten saber quién está detrás de la conversación sin llevar a cabo un esfuerzo desproporcionado.
La realidad es que, en la mayoría de los casos, la difusión de capturas de conversaciones de WhatsApp, ya sea a través de grupos u otras redes sociales, hace relativamente sencillo identificar a los participantes gracias a la información del contexto, a sus nombres en el chat o, incluso, a los datos expuestos en la propia conversación.
Además de la infracción por protección de datos, en función del tipo de conversación, las personas afectadas podrían reclamar una indemnización por daños y perjuicios, por una posible lesión a su derecho al honor o a la intimidad. Y, más allá de esto, en los casos más graves, si se difunde una conversación privada de terceras personas, se podría incurrir en un delito de descubrimiento y revelación de secretos.
La Agencia Española de Protección de Datos ha impuesto sanciones económicas a particulares en distintas circunstancias por difundir contenido audiovisual de terceras personas sin su permiso. Por ejemplo, por grabar una actuación policial y difundirla sin ocultar ningún dato o, en casos más graves, por compartir fotografías íntimas de una tercera persona a través de WhatsApp. Además, la persona afectada podría reclamar una indemnización por daños y perjuicios, por una posible lesión a su derecho al honor, a la intimidad o a la propia imagen.
La creación de grupos de WhatsApp tampoco está al margen de la normativa de protección de datos. De hecho, para añadir a una persona en un grupo de WhatsApp profesional es necesario pedir su consentimiento previamente.
Este comportamiento puede equipararse al envío de un correo electrónico sin copia oculta. La Autoridad Catalana de Protección de Datos (APDCAT) ha sancionado recientemente a un ayuntamiento por crear un grupo de WhatsApp con los ciudadanos, a pesar de haberles pedido previamente el consentimiento. La razón es que, al añadir estos contactos, hay datos que inevitablemente quedan expuestos (como la foto, el nombre, los apellidos o el número de teléfono móvil), y ello vulnera la confidencialidad.
En este caso, cuando se trate de un grupo corporativo con miembros que no se conocen entre sí, debería optarse por una lista de distribución en lugar de un grupo, ya que la lista permite el envío de mensajes individuales sin exponer datos de terceras personas.
