Problemas de atención, de sueño, mala gestión emocional… Las consecuencias negativas del uso que realizan los estudiantes menores de edad de sus dispositivos se dan principalmente por cómo los utilizan en su tiempo de ocio. Para la docente y pedagoga Cristina Carbonell, por lo tanto, la solución no es restringir su uso educativo y supervisado en las aulas.
La decisión de la Comunidad de Madrid de prohibir el uso individual de tecnología en Infantil y Primaria ha reabierto un debate necesario sobre el papel de la tecnología en la educación. Esta medida, que entrará en vigor el curso 2025-2026, se presenta como una estrategia para mejorar la calidad educativa. Pero, ¿responde a una estrategia pedagógica basada en evidencia o a una reacción ante preocupaciones sociales más amplias?
Según datos de UNICEF, el 82% de los adolescentes utiliza el móvil más de 4 horas al día sin supervisión. El 68% de los menores de entre 8 y 12 años accede a redes sociales sin permiso de sus progenitores, y el 35% ha estado expuesto a contenidos inadecuados antes de los 12 años. Esta realidad, preocupante y que ocurre principalmente en el entorno familiar, no puede resolverse restringiendo el uso educativo y supervisado de la tecnología en el aula. El problema no es la tecnología, sino su uso sin acompañamiento. En casa, el uso excesivo de pantallas se ha vinculado a problemas de atención, sueño y gestión emocional. Pero en el aula, bajo la guía de docentes formados, los dispositivos pueden convertirse en herramientas valiosas para fomentar el pensamiento crítico y desarrollar competencias clave para la ciudadanía digital.
Más que restringir, lo que necesitamos es revisar cómo se está utilizando la tecnología y con qué objetivos. La calidad del aprendizaje no depende de la presencia o ausencia de pantallas, sino del diseño de experiencias educativas bien planificadas y con criterio. Reducir su presencia sin abordar la calidad de su implementación es una respuesta simplificada a un desafío complejo.Es legítimo cuestionar los excesos o usos inadecuados de la tecnología, pero las prohibiciones generales, sin matices ni alternativas, corren el riesgo de limitar oportunidades educativas y contradecir el propio currículo, que establece la competencia digital como eje transversal.
Las decisiones educativas no pueden basarse en el miedo ni en la nostalgia. No se trata de pantallas sí o no, sino de enseñar con sentido. El verdadero debate debería de ser ¿cómo podemos hacer que la tecnología realmente sume al aprendizaje? La respuesta no está en las prohibiciones, sino en el desarrollo de un modelo educativo donde la digitalización se use de manera reflexiva, planificada y basada en evidencias.
Para que ese modelo sea posible, es imprescindible formar y capacitar a los docentes, que son los profesionales de la educación, y confiar en su criterio pedagógico. Solo fortaleciendo su rol y dotándolos de estrategias podrán liderar una integración tecnológica que responda a las necesidades reales del aula y del siglo XXI. Negar a los docentes la capacidad de decidir cómo enseñar es ignorar la experiencia de quienes mejor conocen el aula y están al frente de ella día a día. Una sociedad que no confía en sus docentes para liderar los cambios educativos es una sociedad que desconfía de su propio futuro.
También es importante dotar a los centros de recursos adecuados y acompañar a los alumnos en un uso ético, crítico y equilibrado de las herramientas digitales. Formar ciudadanos digitales competentes requiere una escuela conectada con su tiempo, no una que dé pasos atrás.
Prohibir la tecnología en el aula no va a resolver el problema de su mal uso en casa. En Educación Infantil, lo importante es el equilibrio: las pantallas pueden ser una herramienta más, pero nunca deben reemplazar el juego, la exploración y el contacto real con el entorno. En lugar de prohibir, necesitamos enseñar a los niños y niñas a usar la tecnología de forma responsable y, sobre todo, acompañarlos con paciencia y tolerancia durante este proceso.