La digitalización en los centros educativos ha traído consigo múltiples beneficios en los últimos años. Por un lado, la incorporación de la tecnología ha sido un elemento vehicular que ha impulsado cambios en los métodos de aprendizaje y, por otro, se han conseguido mejorar las competencias digitales de docentes y alumnado. De este modo, la integración de la tecnología no sólo debe considerarse como una dotación de herramientas innovadoras en el aula, sino como la clave para promover una enseñanza sin límites adaptada a la nueva era digital. Sin embargo, este cambio conlleva un aumento significativo en los riesgos de seguridad. La privacidad de los menores y la protección ante ciberataques son aspectos críticos que deben tener como objetivo proteger tanto su identidad como el acceso a contenido sensible mientras navegan por Internet.
Diferenciar entre dispositivos y colaborar entre la comunidad educativa para garantizar la seguridad digital
En primer lugar, hay que diferenciar entre los equipos que el alumnado usa en el hogar, los adquieren las familias para su uso lúdico o particular y los dispositivos que se utilizan en los centros educativos para formarlos. ¿Por qué? Hay que tener en cuenta que éstos últimos deberían ser gestionados por el propio centro. Para el hogar existen herramientas como gestores parentales que puede ayudar a las familias a educar en el uso saludable de los dispositivos y reducir los posibles riesgos a los que se podrían exponer los menores; mientras que en el centro educativo el dispositivo tiene que estar gestionado para asegurar que se utiliza correctamente en la formación de los estudiantes.
En este sentido, Eduardo Borobio, Comisario Jefe de la Brigada Unión Europea de la Policía Nacional, aporta más información sobre cómo se están concretando estos retos digitales entre la juventud: “Existe un millón de depredadores sexuales en red, que utilizan prácticas como el ‘grooming’, que consiste en darse de alta en redes sociales con perfiles falsos para ganar la confianza de los menores y obtener imágenes comprometidas de éstos con las que poder abusar de ellos o intercambiar con otros pederastas”, explica. Además, recalca que un 70% de los adolescentes entre 11 y 13 años proporcionan datos sobre sí mismos en Internet y que circulan más de 88 millones de archivos de contenido sexual de jóvenes. La principal razón que sostiene el experto de la policía para esta situación es porque los jóvenes no son conscientes de los peligros de la red y, cuando lo son, la vergüenza o la amenaza les impide denunciar.
Borobio también expone la importancia de una colaboración estrecha entre las familias, instituciones educativas y los cuerpos de seguridad para evitar esta problemática. “Desde el Ministerio de Interior ya existe una labor educativa y preventiva para evitar conductas como el ‘ciberbullying’, el ‘sexting’ o el ‘grooming’. Pero también es necesario un control parental por parte de las familias y la comunidad académica, por lo que es esencial que ambas partes conozcan el uso de la tecnología y sus riesgos”, añade.
El papel de los fabricantes y proveedores de servicios en la ciberseguridad de los usuarios
En un momento como el actual, donde los ciberataques cada vez son más sofisticados y se adaptan mejor a sus víctimas, y donde también existe una mayor penetración de los dispositivos móviles desde edades más tempranas; los proveedores de tecnología son otro actor muy importante para evitar una sobreexposición de los menores. “Según las cifras que maneja la UE, el 92% de los ciudadanos pensamos que hay una amenaza creciente para los jóvenes en cuanto al riesgo del uso de las tecnologías. Somos conscientes de ello y por eso un 89% de las personas está de acuerdo con que los proveedores de servicios tengan la obligación de ofrecer sus servicios de telecomunicaciones de manera segura, incluso cuando pueda afectar levemente a nuestra privacidad”, explica Borobio.
De la misma forma, el Comisario Jefe recomienda qué tipo de límites serían claves para reducir los riesgos y encontrar un mejor equilibrio entre la seguridad y la protección de la privacidad de los usuarios menores de edad: “Sería interesante que desde las empresas de servicios de telecomunicaciones y los fabricantes de dispositivos tecnológicos se llevara a cabo un análisis de riesgos que tuviera en cuenta funcionalidades como la verificación de la edad, las posibilidades de contactar con cualquier usuario y poder enviar archivos libremente, o la capacidad de detectar archivos o conductas delictivas en la transmisión de información; sobre todo para reforzar las medidas de prevención de explotación sexual cuando los niños están utilizando las redes sociales o los videojuegos”.
Samsung Knox: soluciones que garantizan la seguridad digital en los centros educativos
Si bien las instituciones educativas pueden realizar una labor de concienciación sobre los peligros de Internet, el papel de la seguridad debe ir más allá y crear un auténtico paraguas donde no sea posible acceder a datos de forma física por manipulación del terminal o por ataques al software. Los colegios deberían tener procedimientos para proteger al alumnado (como el filtrado de contenidos, el bloqueo de aplicaciones y la monitorización de actividad) y además sus dispositivos deberían contar con una protección integral, que vaya desde un chip hasta las aplicaciones.
En este sentido es muy importante que los terminales sean propiedad de las entidades educativas, para que el profesorado pueda ejercer un control exhaustivo sobre todos los equipos a través de una administración centralizada y una política de seguridad unificada, donde el uso de los equipos esté alineado con los objetivos pedagógicos y no se desvíe hacia actividades potencialmente peligrosas.
Desde el punto de vista de la seguridad, los administradores de TI y los profesores necesitan una herramienta de gestión de equipos y de seguridad que preserve la integridad de los terminales. Así, desde Samsung se dispone de herramientas que permiten a los centros educativos hacer esta labor de gestión: las Soluciones Knox, que cubren las necesidades de un centro o una comunidad educativa. Permiten desde definir un listado de aplicaciones permitidas y no permitidas para cada etapa educativa, hasta detectar qué equipos no están actualizados según las políticas de seguridad y que el administrador lo solucione mediante la instalación de parches en remoto.
Igualmente, cuentan con otras ventajas: se puede realizar un control de los contenidos, el volumen de información, el tiempo de navegación, etc. Por ejemplo, se pueden integrar con otras aplicaciones desarrolladas para el sector educativo y la gestión parental, que incrementan la supervisión educativa, la geolocalización y la activación del filtro de Internet , entre otras opciones, en tiempo real. Y, por último, también es importante el control del Wi-Fi a través de un punto de conexión seguro que pueda ser localizado en todo momento o servicios de control parental para ejercer una mayor supervisión sobre los riesgos. Por su parte, Eduardo Borobio confirma que “sólo con la colaboración de cuerpos de seguridad, instituciones educativas y fabricantes de tecnología, se garantizará que la educación digital cumpla con su promesa de abrir nuevas fronteras de conocimiento, mientras mantiene a salvo a los más vulnerables de nuestra sociedad”. Y es que es responsabilidad de todas las instituciones colaborar por la seguridad de los más jóvenes, abogar por la educación sobre ciberseguridad y apostar por la implementación de dispositivos seguros, que promuevan un entorno fiable para el aprendizaje.